Esta investigación plantea una crítica al modelo chileno de reclamos en el ámbito precontractual público, en términos de la eficacia de las medidas adoptadas por el Tribunal de Contratación Pública (TCP) para el restablecimiento del imperio del derecho. Sobre la base de las soluciones aportadas por el derecho comparado intenta explicar los elementos que determinan su eficacia y, por qué, en concepto del autor, la regulación establecida en la reciente Ley 21.634 dificulta la obtención de una protección judicial efectiva. Finalmente, se proponen criterios de ponderación al momento de adoptar una tutela que intentan superar la protección, a todo evento, del contratista irregular.